Comienza este martes en Santa Cruz el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina, en la que murieron sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, tras una explosión en sus baterías.

En el banquillo estarán cuatro ex altos mandos de la fuerza, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. No habrá responsables políticos sometidos a juicio en este proceso.

Serán juzgados por el Tribunal Oral de Santa Cruz el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa.

El tribunal estará integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El debate se extenderá durante varias semanas, con audiencias en las que las partes expondrán pruebas, peritajes y testimonios. Está previsto que el proceso se desarrolle en forma alternada hasta julio, con jornadas de lunes a jueves en semanas intercaladas.

Los magistrados deberán determinar qué fallas operativas, de mantenimiento o de conducción pudieron haber contribuido a la tragedia. La causa atravesó fuertes controversias previas, entre ellas la discusión sobre la jurisdicción competente para llevar adelante el juicio.

En octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso se realizara en Río Gallegos. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que pretendían trasladarlo a Mar del Plata o a Comodoro Py.

Los magistrados sostuvieron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera de los límites de las jurisdicciones territoriales, y que ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.

“La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino al que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”, argumentaron.

También advirtieron que un cambio de sede implicaría seguir dilatando el proceso. “Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, señalaron.

Un proceso sin responsables políticos

Días después de la definición sobre la sede del juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas.

Los allegados a los 44 marinos habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el marco de sus reclamos por justicia y esclarecimiento de lo ocurrido. La investigación se inició tras el hallazgo de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes, fichas y registros sobre actividades públicas y publicaciones en redes sociales de los familiares.

En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados al considerar que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional. Sin embargo, en julio de 2022 la Cámara Federal porteña, con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó esos procesamientos al entender que las acciones se encuadraban en tareas de seguridad presidencial.

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, confirmó esa decisión. Los camaristas sostuvieron que no hubo espionaje ilegal, ya que la información recopilada era de carácter público y provenía de declaraciones en medios o redes sociales de los propios familiares. Además, señalaron que las tareas respondían a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri.

Las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso al máximo tribunal, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y denunciando parcialidad en las resoluciones judiciales. La Corte rechazó todos los planteos.

En este contexto, ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri fue citado como testigo en el juicio que comienza ahora en Santa Cruz, donde se buscará establecer las responsabilidades dentro de la cadena de mando de la Armada por el hundimiento ocurrido en noviembre de 2017.